lunes, 27 de febrero de 2017

SERGIO SULLCA: ENTRE MESAS DE DIÁLOGO Y ESTADOS DE EMERGENCIA.

Sergio Sullca, febrero de 2017.


En momentos que la corrupción se descubre incontenible en el Perú y el efecto Odebrecht socava la institucionalidad del país hasta llegar - desde las más altas esferas de poder en Brasil – al Gobierno Regional de Cusco; la historia continúa en el corredor minero donde las tantas mesas de diálogo que aglutinan al Ejecutivo, empresas mineras, gobiernos locales, frentes de defensa, comités de lucha y comunidades afectadas; se desarrollan en medio de habituales estados de emergencia.


Se tiene la mesa de diálogo de Espinar que no encuentra respuestas concretas (por ejemplo) a las filtraciones de agua y mortandad y malformación de animales en zonas de influencia directa. En Chumbivilcas se tienen dos mesas de diálogo: la provincial y la del distrito de Chamaca que, al igual que la mesa de Cotabambas, apuntan a la implementación de determinados proyectos (sobre todo) de infraestructura que no avizoran conclusiones satisfactorias. Cada una tiene su propio ritmo y su propia complejidad; pero todas presentan denominadores comunes:

- Contienen ofrecimientos pendientes como el último que hizo el Vicepresidente Vizcarra en Cotabambas a principios de diciembre de 2016, cuando anunció más de 2 mil millones de soles de inversión en esa provincia.

- Son una especie de presupuesto participativo con un listado de proyectos de inversión, donde las poblaciones impactadas le exigen al gobierno y las empresas que realicen tal o cual proyecto y el alcalde no es el que recepciona el pedido, sino uno más de los que formulan el pedido. 

- En los debates, está ausente el tema de los pasivos ambientales de la actividad minera, así como la disposición de agua para las poblaciones impactadas; tema excluido por los representantes de la PCM y las empresas mineras porque supuestamente “demorarán” los acuerdos de las partes y las inversiones del Estado. Y

- Las empresas mineras prefieren el papel de gestores entre las poblaciones afectadas y el gobierno central para “gestionar” ante éste la aprobación de determinados presupuestos en favor de aquellas. Pero, si acaso no hay más remedio que financiar un proyecto, preferirán la modalidad de obra por impuestos.

En medio de las expectativas de la gente, la poca disposición de las empresas y las barreras burocráticas del Estado para agilizar los prometidos presupuestos; las mesas no están trayendo los resultados esperados y al no “servir”, traen como consecuencia la permanente movilización de la sociedad civil, lo que a su vez trae la respuesta más fácil del Estado: la declaratoria de emergencia. Solo por citar ejemplos recientes que dibujan este círculo, Chumbivilcas estuvo en estado de emergencia entre diciembre de 2016 y enero de 2017, Cotabambas está en estado de emergencia entre febrero y marzo de 2017 al igual que el distrito de Coporaque en Espinar que está en la misma situación de excepción entre febrero y marzo de 2017. La historia de protestas, mesas de diálogo y estados de emergencia coincide con la implementación de proyectos mineros como Antapacay, Constancia y Las Bambas.


Como están planteadas actualmente, las mesas de diálogo no son espacios de negociación legítima, sino oportunidades del Ejecutivo para administrar el conflicto y contener la permanente amenaza de protesta, espacios formales que mantienen la expectativa de la gente sin soluciones reales, que al no funcionar traen consigo un estado de excepción. Es en la práctica un método de gobierno ad hoc para el corredor minero, dentro del cual, el Ejecutivo apunta con un arma a los civiles obligándolos a sentarse y dialogar aunque ese diálogo sea inútil y estéril.

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