miércoles, 16 de octubre de 2013

CONTEXTOS DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL

Escrito: Por José De EchaveEl representante del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Víctor Rodríguez Rescia, declaró en su reciente visita al Perú, que un tema que preocupa a este organismo es el de la criminalización de la protesta. Declaró que "No basta con ver un caso, como Bagua, y decir que se está investigando. Es importante saber qué hace el gobierno como política pública para prevenir este tipo de situaciones de conflicto por tierras, minería, medio ambiente o agua, y que no terminen en conflictos porque no se conversó".

Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se encuentran debidamente registrados 695 casos de personas criminalizadas en contextos de conflictividad social, de los cuales más del 70% corresponden a conflictos socio-ambientales, principalmente vinculados a la minería. Además, en estos casos el ejercicio del derecho a la defensa por los afectados se ha visto seriamente obstaculizado por el traslado a sedes especiales en otras jurisdicciones: por ejemplo, en el caso del conflicto de Conga los procesos en contra de los dirigentes se han desarrollado en la ciudad de Chiclayo, a más de tres horas de viaje desde Cajamarca.

De la misma forma, los procesos judiciales iniciados a raíz de las protestas ocurridas en Espinar contra la minera Xstrata Tintaya, se han trasladado a la ciudad de Ica, a más de 900 km de distancia: a más de un año de los sucesos ocurridos en Espinar, el alcalde de la provincia cusqueña de Espinar, Oscar Mollohuanca continúa llevando su proceso judicial en la ciudad de Ica, con todas las barreras y obstáculos que para una adecuada defensa ello supone.

El caso del alcalde Mollohuanca se ha convertido en un claro ejemplo de la tendencia de criminalizar la protesta en el país. En la última audiencia en la ciudad de Ica, la representante del Ministerio Público, sorpresivamente amplió la acusación primigenia: ahora se le acusa al alcalde y a varios dirigentes sociales de Espinar no solo de autoría mediata sino también de instigación y de apología de delito en calidad de autor directo.

Por lo tanto, Mollohuanca no solo enfrenta el recorte drástico de los recursos que le habían dicho que llegarían este año a la Municipalidad de Espinar, sino también esta ofensiva en los fueros judiciales, a lo que hay que sumarle la campaña de desprestigio desatada en varios medios de comunicación.

Si eso le pasa a un alcalde que ha apostado tercamente por el diálogo, qué podrán esperar los diferentes dirigentes sociales criminalizados. La próxima audiencia en la ciudad de Ica será el sábado 26 de octubre. Habrá que estar atentos.